Violencia de Género de la Comunidad de Madrid

LEY 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

[sc name=”Seguridad Pública” ]
El Presidente de la Comunidad de Madrid.
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREÁMBULO
La Comunidad de Madrid, en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Española (artículo 149.3) y desarrolladas por su Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero, que recoge, dentro de sus competencias (artículo 26.1.25) la “promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural”, y en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgó la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
En su título I, capítulo III regula las medidas de asistencia integral y de protección a las víctimas de violencia de género, menores y personas dependientes de ellas. Dicho capítulo incluye un conjunto de medidas asistenciales destinadas a satisfacer las necesidades de las víctimas de violencia machista, entre las que se encuentra el eventual acceso a viviendas con protección pública, siempre que se disponga del título habilitante para ello.
Sin embargo, el marco jurídico actual no está suponiendo una garantía adecuada para los derechos de las víctimas de violencia machista, recordemos que alrededor de solo un tercio de las mujeres asesinadas interponen denuncia por violencia de género. Garantizar el acceso a derechos como el acceso a la vivienda con protección oficial implica revisar las condiciones del título habilitante (artículo 31), priorizando el acceso a la vivienda con protección no solo a quienes ostenten la condición de víctimas en virtud de orden de protección o sentencia firme, sino a todas aquellas que, aun no habiendo interpuesto denuncia, sí puedan demostrarlo según los informes técnicos de un conjunto de entidades. Todo ello de forma inmediata, no como una excepción sino como una vía ordinaria. Es importante dotar a nuestros profesionales de la potestad de certificar y acreditar situaciones de violencia que detectan de primera mano y conocen en su trato directo con las mujeres y los menores. El conocimiento de los servicios sociales, médicos y otros profesionales tiene que ser una vía de acceso a los recursos de atención y protección y una manera de prevenir situaciones de riesgo mayores.
En cumplimiento de estos objetivos se aprueba la modificación de esta Ley.
Artículo único
Modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid
Uno. El artículo 16.1 b) queda redactado del siguiente modo:
“b) Centros de acogida. Tienen por objeto dispensar alojamiento seguro, así como manutención y otros gastos a las mujeres y personas a su cargo, por el tiempo necesario para llevar a cabo su recuperación, sin que pueda exceder de doce meses. Ofrecerán a las mujeres y personas a su cargo un tratamiento integral de recuperación que favorezca, desde los ámbitos psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico, la normalización de la unidad familiar y la superación de los efectos de la violencia.”
Dos. El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 17. Acceso a la vivienda con protección pública.
1. Se reconoce a las víctimas de violencia de género un derecho de acceso prioritario a una vivienda con protección pública, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
2. Para el ejercicio de este derecho se requerirá, en el momento de la solicitud, estar en posesión de título habilitante en los términos previstos en el artículo 31.
3. El acceso prioritario se regulará reglamentariamente.”
Tres. El artículo 31 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 31. Título habilitante.
Con carácter ordinario se tendrá acceso al título habilitante que acreditará la condición de víctima de violencia de género y dará lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley:
1. En caso de que se haya presentado denuncia:
a) Sentencia condenatoria por violencia de género, aunque no sea firme.
b) Resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género.
c) Orden de protección o medida cautelar vigente, a favor de la víctima de violencia de género.
d) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona solicitante es víctima de la violencia de género.
e) Atestado elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han presenciado directamente alguna manifestación de violencia de género.
2. En caso de que no se haya presentado denuncia:
a) Resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón del sexo.
b) Informe técnico acreditativo de la condición de víctima de violencia de género elaborado por los servicios sociales y redes de la Administración pública autonómica y local y los servicios municipales de atención integral a mujeres víctimas de la violencia de género.
El informe técnico y la resolución administrativa serán vinculantes para la Dirección General de la Mujer, que los tendrá que validar y supondrá acceso inmediato al título habilitante.
c) Los informes técnicos motivados, que se eleven a la Dirección General de la Mujer, por el personal de la Administración pública que desempeñe su trabajo como profesional sanitario, educativo, de salud mental, o cualquier otro que se establezca reglamentariamente, en los que se proponga que se conceda a la mujer la condición de víctima de violencia de género.
La Dirección General de la Mujer, en el plazo máximo de un mes, deberá valorar si estos informes técnicos acreditan la condición de víctima de violencia de género y el acceso al título habilitante.”
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, a 22 de junio de 2018.
El Presidente, ÁNGEL GARRIDO GARCÍA