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	<title>Andalucía|Animales compañía archivos - Dapp Editorial</title>
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	<description>Publicaciones jurídicas</description>
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	<title>Andalucía|Animales compañía archivos - Dapp Editorial</title>
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		<title>Control animales de compañía en Andalucía</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Municipal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 12:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía|Animales compañía]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo máximo de resolución y notificación así como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, incluídos los potencialmente peligrosos.[sc name=&#8221;Seguridad Pública&#8221; ] La ConsejerÃ­a de Justicia e Interior es competente para imponer sanciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://dappeditorial.es/control-animales-de-compania-en-andalucia/">Control animales de compañía en Andalucía</a> se publicó primero en <a href="https://dappeditorial.es">Dapp Editorial</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo máximo de resolución y notificación así como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, incluídos los potencialmente peligrosos.</strong><span id="more-19355"></span>[sc name=&#8221;Seguridad Pública&#8221; ]</p>
<p>La ConsejerÃ­a de Justicia e Interior es competente para imponer sanciones por faltas graves y muy graves en materia de animales de compaÃ±Ã­a, incluidos los potencialmente peligrosos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protecciÃ³n de los animales, en el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃ­a, y en el Decreto 133/2005, de 24 de mayo, de distribuciÃ³n de las competencias establecidas en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.</p>
<p>El procedimiento sancionador seguido en materia de animales de compaÃ±Ã­a, incluidos los potencialmente peligrosos, se ha venido rigiendo por los principios de la potestad sancionadora regulados en el TÃ­tulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobÃ³ el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, estando fijado el plazo mÃ¡ximo para resolver y notificar los procedimientos en seis meses, en virtud de lo dispuesto en el citado Reglamento.</p>
<p>Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÃºn de las Administraciones PÃºblicas, se derogan expresamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, incluyÃ©ndose el procedimiento administrativo sancionador dentro del procedimiento administrativo comÃºn con algunas especialidades y se fija un plazo de tres meses para resolver y notificar el mismo, salvo ampliaciÃ³n hasta seis meses reglamentariamente o un plazo mayor mediante Ley.</p>
<p>Visto el plazo establecido para resolver y notificar los procedimientos sancionadores, se considera imprescindible establecer un plazo de seis meses para resolver y notificar los procedimientos sancionadores en esta materia, considerando los trÃ¡mites y actuaciones que deben realizarse en este tipo de procedimiento, entre ellos, los informes de ratificaciÃ³n de denuncias u otros mÃºltiples informes complementarios que se hacen necesarios para probar la comisiÃ³n de la infracciÃ³n, y la dificultad que conlleva notificar los distintos actos del procedimiento. A ello hay que aÃ±adir que, aÃºn cuando se intentarÃ¡n fomentar las notificaciones electrÃ³nicas, esta opciÃ³n, al tratarse de personas fÃ­sicas, depende del medio elegido por la persona denunciada que, por regla general, debido al carÃ¡cter sancionador del procedimiento intenta evitar cualquier notificaciÃ³n relativa al mismo.</p>
<p>Asimismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece en su artÃ­culo 85 nuevas condiciones de terminaciÃ³n de los procedimientos sancionadores cuando la sanciÃ³n sea exclusivamente pecuniaria y se produzcan alguno o ambos de los siguientes supuestos: que la persona infractora por una parte asuma la responsabilidad de los hechos que se le imputan y por otra parte, que proceda al pago de la sanciÃ³n impuesta con carÃ¡cter previo a dictar resoluciÃ³n, en ambos casos con renuncia de las acciones o recursos que en vÃ­a administrativa procedieran. En cada uno de los citados supuestos, la citada Ley establece una reducciÃ³n de al menos un 20% sobre la cuantÃ­a de la sanciÃ³n impuesta, siendo estos acumulables entre si, y, ademas, posibilita que dicho porcentaje de reducciÃ³n sea incrementado reglamentariamente.</p>
<p>La experiencia acumulada en el ejercicio de la potestad sancionadora sobre infracciones administrativas al cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que conlleva la tenencia de los animales de compaÃ±Ã­a y los animales potencialmente peligrosos, determina que la elevada cuantÃ­a del mÃ­nimo de las sanciones que procede imponer a tenor de la normativa legal vigente, supone un impacto negativo en la voluntad de pago de la persona presuntamente responsable, debido al bajo nivel econÃ³mico que en muchos casos tienen Ã©stas o, en su caso, a la interposiciÃ³n de recursos administrativos que generalmente se acaban desestimando por resultar injustificados.</p>
<p>Igualmente, en materia de animales de compaÃ±Ã­a es fundamental potenciar la legalizaciÃ³n de los animales en orden a su protecciÃ³n y control, asÃ­ como garantizar la seguridad de las personas y otros animales. Dentro del gran colectivo de personas que tienen animales de compaÃ±Ã­a en AndalucÃ­a y que deben cumplir todas las obligaciones y requisitos establecidos por la normativas espaÃ±olas, autonÃ³micas y europeas a efectos de lograr una tenencia legal y responsable de los mismos, hay un gran nÃºmero de personas que, ante la denuncia formulada por incumplimiento de obligaciones documentales y sanitarias especÃ­ficas, manifiesta su voluntad de corregir y legalizar la situaciÃ³n frente a otros que no lo hacen, circunstancia esta que no puede ser ignorada y que debe implicar, en aquellos incumplimientos susceptibles de ser subsanados, un incremento del porcentaje de reducciÃ³n de la cuantÃ­a de la sanciÃ³n legalmente establecido ya que con ello, ademÃ¡s de valorarse la voluntad de corregir con celeridad las faltas cometidas, se fomentarÃ­a la regularizaciÃ³n de los animales, se garantizarÃ­a la correcciÃ³n del ilÃ­cito y se conseguirÃ­a una mayor protecciÃ³n del animal que es la finalidad perseguida con la norma.</p>
<p>De conformidad con lo expuesto anteriormente cabe seÃ±alar que en este Decreto se da cumplimiento a los principios de buena regulaciÃ³n a los que se refiere el artÃ­culo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. AsÃ­, la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, que consiste en garantizar un adecuado control del cumplimiento de la normativa vigente sobre protecciÃ³n de los animales y una mayor tenencia responsable de los mismos, mediante un adecuado plazo de tramitaciÃ³n del procedimiento sancionador que asegure su eficacia frente a la persona infractora, y una reducciÃ³n de la cuantÃ­a de las sanciÃ³n cuando se subsane la situaciÃ³n de ilegalidad denunciada.</p>
<p>Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurÃ­dico, tanto nacional como de la UniÃ³n Europea, y sus objetivos se encuentran claramente definidos, cumpliendo asÃ­ los principios de seguridad jurÃ­dica, transparencia y eficiencia.</p>
<p>En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artÃ­culos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃ­a, a propuesta de la Consejera de Justicia e Interior, de acuerdo con el Consejo Consultivo de AndalucÃ­a y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Gobierno, en su reuniÃ³n del dÃ­a 24 de octubre de 2017,</p>
<p>DISPONGO</p>
<p>ArtÃ­culo 1. Objeto.</p>
<p>El presente Decreto tiene por objeto establecer el plazo mÃ¡ximo en que deben resolverse y notificarse los procedimientos administrativos sancionadores tramitados en materia de animales de compaÃ±Ã­a, incluidos los potencialmente peligrosos, asÃ­ como determinar las condiciones y la ampliaciÃ³n del porcentaje establecido en el artÃ­culo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComÃºn de las Administraciones PÃºblicas. Ello, sin perjuicio de la regulaciÃ³n de los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan a los municipios andaluces.</p>
<p>ArtÃ­culo 2. Plazo para resolver los procedimientos sancionadores en materia de animales de compaÃ±Ã­a.</p>
<p>El plazo mÃ¡ximo para resolver y notificar la resoluciÃ³n expresa en los procedimientos sancionadores tramitados en materia de animales de compaÃ±Ã­a, incluidos los considerados potencialmente peligrosos, serÃ¡ de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciaciÃ³n del procedimiento sancionador.</p>
<p>ArtÃ­culo 3. Porcentajes de reducciÃ³n de la cuantÃ­a de las sanciones pecuniarias.</p>
<ol>
<li>Cuando la sanciÃ³n tenga Ãºnicamente carÃ¡cter pecuniario o bien quepa imponer una sanciÃ³n pecuniaria y otra de carÃ¡cter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el importe de la sanciÃ³n se verÃ¡ reducido en los supuestos previstos en el artÃ­culo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con carÃ¡cter general en un 20% sobre el importe de cada una de las sanciones propuestas.</li>
</ol>
<p>Dicho porcentaje de reducciÃ³n serÃ¡ del 40% sobre el importe de cada una de las sanciones a imponer cuando se trate de infracciones administrativas susceptibles de ser subsanadas y el presunto infractor proceda a su subsanaciÃ³n antes o durante la tramitaciÃ³n del procedimiento, y en todo caso hasta que se dicte la resoluciÃ³n del procedimiento sancionador.</p>
<ol start="2">
<li>La persona interesada deberÃ¡ comunicar y acreditar documentalmente la subsanaciÃ³n de la infracciÃ³n o infracciones administrativas cometidas. No serÃ¡ necesario acreditar documentalmente aquellos datos que se encuentren inscritos en el Registro Central de Animales de CompaÃ±Ã­a, bastando en estos casos con la comunicaciÃ³n de la subsanaciÃ³n.</li>
</ol>
<p>Con carÃ¡cter general se consideran infracciones administrativas susceptibles de subsanaciÃ³n las siguientes:</p>
<p>1.Âª Ser persona propietaria, criadora o tenedora de perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia municipal.</p>
<p>2.Âª Incumplir la obligaciÃ³n de identificar y registrar a los perros, incluidos los potencialmente peligrosos, a los gatos y a los hurones.</p>
<p>3.Âª No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.</p>
<ol start="3">
<li>Sin perjuicio de lo anterior, la persona infractora podrÃ¡ interponer recurso en vÃ­a administrativa, aunque hubiere renunciado o desistido previamente, con la consiguiente exigencia del importe integro de la sanciÃ³n.</li>
<li>El acuerdo de iniciaciÃ³n deberÃ¡ establecer siempre el porcentaje de la reducciÃ³n, y la cuantÃ­a de la sanciÃ³n en los supuestos en que pudiera ser determinada.</li>
</ol>
<p>DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Procedimientos en tramitaciÃ³n.</p>
<p>A los procedimientos iniciados una vez entrada en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y que se encuentren en tramitaciÃ³n a la fecha del comienzo de la vigencia del presente Decreto, les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el mismo en todo aquello que sea favorable para la persona presuntamente infractora, de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RÃ©gimen JurÃ­dico del Sector PÃºblico.</p>
<p>DisposiciÃ³n final primera. HabilitaciÃ³n.</p>
<p>Se faculta a la persona titular de la ConsejerÃ­a con competencias en materia de animales de compaÃ±Ã­a, incluidos los potencialmente peligrosos, para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n del presente Decreto.</p>
<p>DisposiciÃ³n final segunda. Entrada en vigor.</p>
<p>El presente Decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el BoletÃ­n Oficial de la Junta de AndalucÃ­a.</p>
<p>Sevilla, 24 de octubre de 2017</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>SUSANA DÃAZ PACHECO</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Presidenta de la Junta de AndalucÃ­a</td>
</tr>
<tr>
<td>ROSA AGUILAR RIVERO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Consejera de Justicia e Interior</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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